la clave está en la propiedad del suelo
En los últimos años 80 el Ayuntamiento de Madrid, siendo alcalde el socialista Juan Barranco, diseñó y desarrolló el Plan 18.000, una operación estratégica que pondría a disposición de los madrileños ese número de viviendas bajo la figura jurídica del derecho de superficie, que permitía contribuir a resolver el problema de la vivienda, especialmente de los jóvenes, sin deshacerse de suelo público.
Posteriormente, el Ayuntamiento de Madrid, en sucesivas ocasiones, durante los mandatos de Álvarez del Manzano, Ruiz Gallardón y Martínez Almeida, ha ido poniendo a disposición de los adjudicatarios del Plan 18.000 la posibilidad de comprar también el suelo, perdiéndose así capacidad para generar oferta de vivienda a precios inferiores a los del mercado a la vez que se transfieren las plusvalías a los beneficiarios. No es fácil entender que unas plusvalías generadas por el conjunto de la ciudad, terminen en manos de unos particulares que accedieron a una vivienda pública por unas circunstancias personales que en aquel momento les hacían acreedores de tal ayuda. Estos días se está fraguando un nuevo proceso de venta a favor de los que los medios llaman «afectados por el Plan 18.000». En el pliego que prepara el Consistorio madrileño se incluye una rebaja del precio de venta y la prohibición, de dudosa eficacia, de que se revendan las viviendas por encima del precio fijado para las de protección oficial durante 15 años.
Que el problema de la vivienda comienza por el suelo es un axioma difícil de refutar, pero no suficientemente tenido en cuenta al proponer medidas políticas para intentar solucionarlo. En mayo hará un año que se aprobó la ley de vivienda, que aborda la importancia de la disponibilidad de suelo público para la necesaria creación de un parque público de vivienda en alquiler a precios asequibles, pero los hechos parecen desmentir el nuevo enfoque. Aún más grave que la traición al espíritu del Plan 18.000, resulta la venta de suelo público en las macro operaciones en marcha en la ciudad, nuevamente con el beneplácito de administraciones y grupos políticos de distinto signo.
La operación Chamartín (Nuevo Norte) en proyecto desde 1994 y la operación Campamento diseñada en 1989, son dos ejemplos de cómo se vende el suelo público, desaprovechando la oportunidad de generar y mantener a lo largo del tiempo oferta de vivienda protegida en alquiler y, por tanto, desatendiendo la obligación de afrontar eficazmente el problema de la vivienda.
La operación Campamento se puso en marcha hace más de 30 años para sacar del centro algunos ministerios y construir 3.200 viviendas para reubicar a los empleados del Ministerio de Defensa que residían en ese ámbito. Nunca se llevó a cabo ese proyecto y en 2005 la Administración Central y el Ayuntamiento llegaron al acuerdo de impulsar una operación muy diferente para construir 12.000 viviendas. Ahora, también con administraciones de distinto signo político, se recupera la operación para construir 10.700 viviendas, con el «señuelo» de que el 60% tendrán «algún tipo de protección».
Sin entrar a valorar la idoneidad urbanística de macro desarrollos más propios de épocas pretéritas, no se entiende que, en el contexto de la nueva política que anuncia la recién aprobada ley de vivienda, el suelo público se siga poniendo a disposición de operaciones privadas. Si de verdad se quiere aplicar medidas eficaces para combatir la escasez de oferta de vivienda asequible, no debería enajenarse casi la mitad del suelo para vivienda libre y tendrían que especificarse claramente los regímenes de protección, especialmente por lo que se refiere a la vivienda protegida en alquiler y, en todo caso, las viviendas deberían quedar jurídicamente blindadas frente a futuros intentos de descalificación.
La crónica situación de dificultad con que nos enfrentamos a uno de los problemas sociales más graves de nuestra sociedad, se debe en buena medida a no respetar un principio evidente: para poder dar solución al problema de la vivienda, las administraciones han de disponer de un patrimonio público de suelo suficiente sobre el que promover la necesaria oferta de vivienda en alquiler a precios asequibles. Que la solución al problema pasa por disponer de suelo público está en la ley por el derecho a la vivienda de 2023, pero ya se sabía cuando se redactó la ley del suelo de 1956, que obligaba a crear patrimonios municipales de suelo. Desde entonces hasta ahora falta voluntad política.
