Es un archivo, no una absolución
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Solo diez días después de aceptar la denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido archivar. La decisión no entra en el fondo del asunto. La Fiscalía no cuestiona a las denunciantes, ni las pruebas que aportan, ni su credibilidad. No tendrán por ahora justicia en España por otro motivo: su nacionalidad. Al no ser españolas, al ser unos presuntos delitos cometidos en República Dominicana y Bahamas, la Fiscalía considera que en España no se puede investigar.
Julio Iglesias no ha sido absuelto. La Justicia ni le ha dado ni le ha quitado la razón sobre estas graves acusaciones que el cantante niega. Esta decisión tampoco supone el punto y final en los tribunales. La propia Fiscalía así lo recalca: el archivo “no produce efectos de cosa juzgada”; se puede volver a denunciar en otro tribunal. Las abogadas de las denunciantes, Women’s Link, ya han anunciado que seguirán luchando para conseguir justicia. Están estudiando nuevas acciones legales. Van a continuar.
En su archivo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solo se pronuncia sobre una cosa: la jurisdicción. Según su criterio, la Justicia española no es competente para investigar, a pesar de que el cantante más famoso de la historia de España siga manteniendo su nacionalidad.
La competencia española era un asunto polémico desde el principio y se prestaba a interpretación, como ya contamos en elDiario.es. Hay juristas que lo ven como la Fiscalía. Otros que no. La Justicia Universal en España fue mutilada en 2014 por Mariano Rajoy. Desde entonces, el margen es pequeño y poco claro: el resultado de aquella reforma fue un larguísimo artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que es un auténtico galimatías, difícil de entender y de explicar. Es uno de esos temas polémicos que se presta a interpretación y hay precedentes en un sentido y en otro. La propia sentencia del Tribunal Supremo que cita la Fiscalía para argumentar su archivo –STS 974/2016, con Manuel Marchena como ponente– tiene un voto particular de otro magistrado, Antonio del Moral. Ni siquiera entre los jueces del Supremo hay consenso sobre esta cuestión.
Las abogadas de las denunciantes, Women’s Link, aseguran que habían presentado tres escritos ante la Fiscalía que no han sido resueltos, que no les han contestado antes de tomar la decisión de archivar. En uno de ellos argumentaban sobre la jurisdicción, sobre el debate de la competencia. Otro escrito insistía ante la Fiscalía sobre las medidas de protección de las identidades de las denunciantes. El tercero ponía a disposición de la Fiscalía nuevos hechos e indicios que reforzaban la conexión con España.
Ninguno de estos tres escritos ha tenido respuesta por parte de la Fiscalía. Al tratarse de una investigación preprocesal –aún no en el juzgado– no es posible tampoco recurso. Fuentes fiscales sostienen que tras constatar que no había “ningún elemento” que permitiera atribuir jurisdicción a los tribunales españoles resulta “lógico” que se dictara un decreto de archivo sin contestar a esos escritos.
Women’s Link y Amnistía Internacional son muy críticas con esta decisión: “La idea de que un ciudadano español podría ser eximido de afrontar un proceso de justicia si los presuntos delitos de los que es acusado no ocurrieron en España y fueron cometidos contra mujeres no españolas desconoce el principio de extraterritorialidad y, además, el derecho humano fundamental para que todas las mujeres y niñas puedan vivir en un mundo libre de violencias”.
El archivo por parte de la Fiscalía no cambia ni una coma de todo lo que hemos publicado sobre Julio Iglesias en elDiario.es. Nos reafirmamos en nuestra investigación, en el trabajo metódico y riguroso que hemos realizado en colaboración con Univision.
No es algo nuevo. No es la primera vez que nos pasa. Muchas de nuestras grandes investigaciones se encuentran con situaciones así. Con Cristina Cifuentes absuelta por su máster regalado. Con la Fiscalía argumentando que al rey emérito tampoco se le puede juzgar.
Puede parecer frustrante. Pero creo que hemos cumplido con nuestro papel, que no es juzgar ni condenar: es ofrecer a la sociedad información contrastada y veraz.
Nuestro periodismo no se puede archivar. Y no nos rendimos. Aún nos queda mucho por investigar.
