Madrid peleó por cada vida
Cinco años después del inicio de la pandemia mundial por la covid-19 es necesario recordar una serie de aspectos para evitar que una izquierda absolutamente incapaz pretenda reescribir una vez más la historia a costa de los fallecidos como arma política. Mis primeras palabras son para trasladar mi máximo respeto a todos los fallecidos y a sus familias en unas circunstancias que nadie obviamente hubiéramos querido vivir.
Y mi máximo reconocimiento a todos los profesionales sanitarios y sociosanitarios y de todos los equipos de emergencia que se dejaron literalmente la piel, y algunos la vida, para la salvar el máximo número de vidas posible. La Comunidad de Madrid y todos los profesionales que intervinieron hicimos todo lo humanamente posible con este fin.
Madrid, por su condición de centro neurálgico del país, al tener la principal puerta de entrada, el aeropuerto de Barajas, y tener una densidad nueve veces superior a la media de España, fue una de las primeras comunidades en sufrir la acometida del virus y con mayor intensidad.
El Gobierno de Pedro Sánchez estuvo negando durante semanas las alertas internacionales que le llegaban por distintas vías. Y toda la primera semana de marzo hizo caso omiso a las advertencias de mi equipo que le trasladamos sobre lo que ya estábamos viendo directamente en los hospitales madrileños. Su único objetivo era llegar a la manifestación del 8-M.
El día 6 de marzo cerramos los centros de mayores y el mismo día de la manifestación, el día 8, estábamos cerrando las residencias. El 9 ordenamos el cierre de todos los colegios, los centros educativos, indicamos el teletrabajo y alertamos a los mayores o con enfermedades crónicas para que no salieran de su casa. Lo que no hizo el Gobierno, ni Salvador Illa ni Fernando Simón. Sorprendentemente, de la negación pasaron al encierro total de todos los españoles.
El Gobierno de Sánchez no sabía lo que tenía que hacer ante semejante desafío y optó por la política de navaja a costa de la tragedia. Ni tenía expertos ni estaban capacitados para guiar a los españoles. Mientras tanto, se fraguaba una presunta trama corrupta transversal en los ministerios para forrarse a cuenta de este drama.
A partir del día 9 ya todo fue acoso y derribo contra la Comunidad de Madrid. En esa operación se encontraba el que por entonces era el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que literalmente se borró de la gestión de la crisis al no acudir a ni una de las 20 reuniones de coordinación de Sanidad con Políticas Sociales.
Lo que sí hizo fue contabilizar por teléfono datos de fallecidos por cualquier causa en todas las residencias de Madrid para luego acusar a la Consejería de Sanidad que yo dirigía de que todos habían fallecido por unos protocolos que «prohibían» derivar a personas mayores a hospitales.
La realidad es que esos protocolos no prohibían las derivaciones ni eran ninguna orden de ningún tipo, sino que eran unas recomendaciones clínicas elaboradas por la red de geriatras de enlace que atendían a las residencias para poner en común los criterios generales de actuación ante una sanidad de guerra. Pero en ningún caso prohibían las derivaciones. De hecho, en los meses de marzo, abril y mayo de 2020, el Summa 112 realizó 35.800 traslados (un 65% del total) de personas mayores de 70 años a hospitales, de los cuales 11.200 procedían de residencias.
Durante la primera ola epidemiológica de la pandemia, desde enero de 2020 a julio de 2020, y partir de la estadística oficial de defunciones del Instituto Nacional de Estadística, comparable entre comunidades autónomas, el total de personas fallecidas por covid o con sospecha de covid en residencias de la región en ese periodo es de 4.143. Y es lo que recogen los certificados de defunción de manera oficial.
Evidentemente fallecieron muchos mayores por covid, por otras patologías y por causas naturales en un contexto de colapso de los sistemas sanitarios y sociosanitarios, de Madrid y de toda España. Pero no hubo ninguna orden para que eso sucediera sino todo lo contrario, para pelear por cada vida en un contexto de guerra. Madrid peleó por cada vida, y Sánchez, Illa, Simón y Reyero no pueden decir lo mismo.
La actuación de la Comunidad de Madrid ha sido avalada la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, otras nueve sociedades médicas y más de 60 procedimientos judiciales. Pretender arrojar un número de fallecidos para su uso político es de una bajeza moral propia de personas que jamás deberían dedicarse a la política.
El Gobierno de Pedro Sánchez y toda la izquierda en su conjunto lleva cinco años atacando a la Comunidad de Madrid para tapar su nefasta gestión y su abandono a los españoles, incluidos a los mayores de las residencias.
