El Govern aprueba el decreto ley para agilizar los trámites de contratación pública y conseguir ejecutar más del 85% de las obras
El Govern ha aprobado este martes el decreto ley para agilizar los trámites de la contratación pública y la ejecución de obras. Tal y como acordó el Ejecutivo catalán hace una semana, este paquete de «medidas urgentes» busca que los departamentos puedan licitar de forma directa los contratos de obras e infraestructuras sin depender de Infracat, empresa de la Generalitat encargada hasta ahora de la contratación de obras públicas superiores a dos millones de euros. El secretario general de Economía, Juli Fernández, ha expresado que la administración tiene el objetivo de «ejecutar más del 85% de los proyectos y obras públicas» -en 2024 se logró el 71%-.
Esta norma aprobada en el Consell Executiu necesitará su correspondiente validación en el Parlament. Desde el Govern, que necesitan el apoyo de sus socios de investidura, han asegurado que los Comuns han dado su visto bueno al paquete de medidas. También confían en que ERC apoye el decreto durante una reunión que tendrán este jueves porque «no hay ningún input negativo desde la formación republicana». «No es un decreto que vaya a ser conflictivo», ha reconocido Fernández.
El decreto ley contempla, entre otras cosas, que las consellerias de la Generalitat puedan licitar directamente trabajos de hasta 15 millones de euros, ya que actualmente el límite está en dos. No obstante, este ‘tope’ tendrá como excepción los proyectos energéticos, los sanitarios y los de vivienda, que se podrán licitar por un valor superior a los 15 millones. La norma aprobada en el Consell Executiu no exime a Infracat de poder participar en las obras públicas, ya que a partir de ahora asumirá un ‘rol’ de «apoyo» y «ayuda» para los departamentos.
Según ha explicado el propio presidente de Infracat, Isaías Táboas, esta medida hará que la empresa de la Generalitat se pueda dedicar a «trabajar en problemas de gran envergadura y mucho más complejos», como la L9 del metro de Barcelona o el Canal Segarra-Garrigues. La compañía, que está formada por 267 trabajadores, está ahora mismo con 677 proyectos y 800 obras, cuyos trabajos son mayoritariamente inferiores a los 250.000 euros. «El problema es que hasta ahora los departamentos acudían a Infracat en casos que no harían falta si tuvieran su propia estructura», ha asegurado Táboas.
Por su parte, Fernández ha reconocido que se dotará de recursos a cada departamento para «liberar de carga a Infracat». El plan del Ejecutivo catalán es reforzar la estructura de todas las consellerias con más «músculo», en especial las de Drets Socials, Educació, Justícia, Salut e Interior. Además, ha añadido que se comenzarán a ver los efectos de esta nueva norma a partir de 2026.
Más protagonismo para las pymes
Por otro lado, el decreto-ley también obliga a dividir todos los contratos de obras en lotes, con el objetivo de «fomentar la participación de pymes, empresas emergentes y de economía social». Según Fernández, esto responde a «una reivindicación que había en el sector» y permite a empresas pequeñas y medianas «tener acceso a contratos de obras sin la necesidad de estar subcontratadas«.
Además, se agiliza el pago de los contratos menores a 5.000 euros y se fija que la Generalitat haga el pago directo a los subcontratistas de los contratos públicos. El secretario de economía ha recordado que esta serie de medias buscan que las pymes puedan concurrir en mayor medida en estos concursos y evitar que una sola empresa pueda quedarse con todo.
