Las personas sordas continúan sin poder acceder a sus derechos lingüísticos
El 14 de junio de 2014 el Consejo de Ministros aprobó que esta fecha fuera el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas. Desde entonces, se celebra cada 14 de junio, que además es el mismo día, pero de 1936, en el que se constituyó la CNSE, la Confederación Estatal de Personas Sordas, entidad que junto a su red asociativa ha hecho posible que estas lenguas, la lengua de signos española y la catalana, sean valoradas en sociedad.
Este año, además, esa efeméride es aún más especial, pues se cumplen justo 10 años de aquel hito. Sin embargo, durante esta década, aunque se ha avanzado, todavía queda mucho por reivindicar, como más accesibilidad y derechos para todas las personas que en España utilizan esta lengua para comunicarse. Roberto Suárez, presidente de la CNSE, nos cuenta cuáles son aquellas cosas en las que todavía tenemos mucho por avanzar.
Este año se celebra el 10º aniversario de la declaración del 14 de junio como Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas. ¿Cómo lo van a celebrar desde la CNSE?Con motivo de esta fecha, que este año conmemoramos con el lema ‘Lenguas de signos, lenguas de ley’, las entidades de nuestro movimiento asociativo desplegarán un completo programa de actividades en las distintas ciudades españolas. Parlamentos autonómicos, diputaciones provinciales y ayuntamientos de todo el país están impulsado declaraciones institucionales en favor de las lenguas de signos españolas. Asimismo, edificios y monumentos de todo el país iluminarán sus fachadas de azul turquesa, color que identifica a la comunidad sorda, en señal de apoyo a las lenguas de signos y a su comunidad usuaria.
Efemérides aparte, ¿cuáles son las principales reivindicaciones para este año?Seguimos luchado incansablemente por un desarrollo de la ley 27/2007 que asegure su cumplimiento de forma igualitaria en todo el territorio español. Tras más de 15 años de espera, en 2023 se promulgaba el Real Decreto 674/2023, de 18 de julio, por el que se aprobaba el Reglamento de las condiciones de utilización de la lengua de signos y de los medios de apoyo a la comunicación oral para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
Este Reglamento incluye medidas de protección de la lengua de signos como derecho lingüístico asegurando su presencia en los ámbitos fundamentales de la vida de estas personas e incrementando las condiciones de accesibilidad a la información y a la comunicación en todos los ámbitos. Sin embargo, aunque esta norma establecía el 2 de enero de 2024 como fecha de inicio para la implementación, tememos que la falta de aplicación efectiva de este Reglamento se lleve por delante nuestros derechos, y no podemos permitir que las necesidades de las personas sordas sigan siendo ignoradas. Por otro lado, preocupa que la disparidad de funcionamiento entre las distintas autonomías en ámbitos como la educación, la sanidad, los servicios sociales o los servicios de emergencia.
Es necesario que este Reglamento sea bien conocido y utilizado por las diferentes Administraciones y por eso hemos puesto en marcha una estrategia de seguimiento, para garantizar el compromiso de las instituciones públicas y privadas en el cumplimiento de todos sus mandatos. Hemos trabajado incansablemente por un documento práctico, útil y garantista y no descansaremos hasta hacer que se cumpla.
Tememos que la falta de aplicación efectiva de la ley se lleve por delante nuestros derechos, y no podemos permitir que las necesidades de las personas sordas sigan siendo ignoradas
¿No ha mejorado nada desde que aprobó la ley?Sí que ha habido avances. En 2023, el Pleno del Consejo Nacional de la Discapacidad aprobó el Marco estratégico de protección, promoción y revitalización de la lengua de signos española 2023-2030, que establece una hoja de ruta para eliminar los obstáculos que impidan el ejercicio de la ciudadanía de las personas sordas y sordociegas, y para proteger y promover el conocimiento y uso de la lengua de signos, y exige a las Administraciones públicas que garanticen la libre elección de lengua.
Poco después se promulgó el Real Decreto 674/2023, del que he hablado anteriormente, que ha transformado los derechos reconocidos a las personas sordas por la Ley 27/2007 en obligaciones concretas para las administraciones públicas. De hecho, gracias a su aprobación, el plan de publicidad y comunicación institucional de 2024 contempla la lengua de signos en todas las campañas.
Y en febrero de 2024, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y el Ministerio de Cultura dieron luz verde al Real Decreto 155/2024 por el que se declaran las expresiones culturales vinculadas a la cultura sorda y la lengua de signos española como Patrimonio Cultural Inmaterial de nuestro país, y como objeto de salvaguarda. Esto supone un avance muy importante para la proyección de la cultura sorda y de la lengua de signos.
La legislación va avanzando, pero ¿se reconoce lo suficiente la cultura sorda y las lenguas de signos como una lengua más?No todo lo que nos gustaría. Los avances de los que te hablaba han contribuido a su progreso social y lingüístico y a que nadie cuestione que estas lenguas deben tener el mismo estatus que las lenguas orales, pero su uso sigue sin garantizarse de una manera plena. Se asignan recursos, pero son insuficientes, y casi siempre tras exigirlo las propias entidades. En definitiva, a pesar de la igualdad de oportunidades que nos garantiza la ley, a día de hoy prevalece la discriminación y la vulneración de nuestros derechos lingüísticos. Una situación que se recrudece para las personas sordas que no viven en grandes ciudades, que es donde se concentran la mayoría de los recursos, porque, de poco sirve contar con un marco legislativo favorable si no se da apoyo efectivo con presupuestos suficientes, ni se materializan las reivindicaciones en medidas concretas.
¿Qué derechos concretos se siguen vulnerando en este sentido desde las administraciones?Las personas sordas continúan sin poder acceder a sus derechos lingüísticos, se siguen encontrando barreras en el acceso a los diferentes ámbitos de su vida a través de su lengua. El derecho a la lengua es un derecho de cualquier persona a usar su lengua materna o preferida en diversos contextos, como la educación, la administración pública, la justicia y la vida cultural en general.
Es decir, es el derecho a expresarse y comunicarse en la lengua propia, y es crucial para preservar la identidad cultural, fomentar la inclusión y garantizar la igualdad de oportunidades. Desde las Administraciones Públicas, siguen sin contar con los profesionales y las herramientas necesarias para que las personas sordas podamos ejercer este derecho.
A pesar de la igualdad de oportunidades que nos garantiza la ley, a día de hoy prevalece la discriminación y la vulneración de nuestros derechos lingüísticos
¿Cuáles son las barreras más importantes que se siguen encontrando las personas que se comunican a través de lengua de signos?Son muchos los frentes abiertos. En el ámbito educativo, las personas sordas siguen sin contar con los profesionales de la lengua de signos necesarios para acceder a una educación bilingüe. No hay especialistas sordos en lengua de signos, una figura fundamental en las primeras etapas de escolarización, y sin intérpretes de lengua de signos, esenciales en estudios de secundaria, formación profesional y universitarios.
¿La situación continúa cuando empiezan a trabajar?A nivel laboral, las principales dificultades a las que se enfrentan las personas sordas en su acceso al mercado de trabajo son la falta de accesibilidad y los prejuicios acerca de sus capacidades. En muchos casos, las barreras se evidencian nada más arrancar el proceso de selección de personal.
De hecho, es frecuente que los empleadores cuestionen la presencia de intérpretes de lengua de signos en las entrevistas y que se interesen por aspectos relacionados con la discapacidad o las adaptaciones que requiere más que por su formación y competencias. Una vez encuentran empleo, la carencia de adaptaciones es generalizada. Por otro lado, la oferta de la formación continua de las empresas rara vez es accesible, algo que en no facilita nuestra promoción interna.
¿También preocupa la falta de accesibilidad de los servicios sanitarios, la cultura…?Sí, las barreras comienzan en las salas de espera, donde apuestan por la instalación de pantallas que avisen de forma visual en detrimento de la megafonía, y se agravan en la interacción con los sanitarios. Y es que, aunque buena parte de estos pacientes recurrimos habitualmente a la figura del intérprete de lengua de signos para garantizar una comunicación fluida y efectiva, en ocasiones nos vemos obligados a comunicarnos con nuestro médico de forma oral, leyendo los labios, por escrito, o a través de amigos y familiares.
Otra asignatura pendiente es la falta de accesibilidad de los contenidos televisivos. Recordemos que para aquellos grupos de población sorda que ya sea por edad, por motivos socioeconómico, o por vivir en zonas con una escasa o nula cobertura de Internet, no tienen acceso a otras plataformas menos convencionales, la televisión constituye su principal fuente de noticias. En este sentido, exigimos que se garantice la presencia de la lengua de signos y el subtitulado en las diferentes cadenas, y que se haga en condiciones de calidad.
¿Qué medidas habría que tomar con mayor urgencia para derribar estas barreras?Una de las medidas más acuciantes sería implementar los servicios de interpretación y videointerpretación en todos los servicios públicos a disposición de la ciudadanía. La plataforma de videointerpretación SVIsual es fundamental para hacer accesible a las personas sordas todos estos servicios prestados por las Administraciones Públicas o por entidades privadas. Su potencial para asegurar la autonomía e independencia de las personas sordas en escenarios tan importantes como, por ejemplo, el sanitario, la convierte en una herramienta única e imprescindible.
También cabe destacar otros recursos que prestamos desde nuestra red asociativa como la plataforma ALBA de información y asesoramiento a mujeres sordas víctimas de violencia machista; el servicio de videoasistencia y acompañamiento para personas mayores sordas Vidasor; o la plataforma de teleformación en lengua de signos Signocampus, que contribuyen a paliar el aislamiento, la desinformación, y la dependencia que a menudo vienen dadas por las dificultades que encontramos para comunicarnos con el entorno y para acceder a la información.
Exigimos que se garantice la presencia de la lengua de signos y el subtitulado en las diferentes cadenas, y que se haga en condiciones de calidad
¿Sigue siendo la lengua de signos una gran desconocida para las personas oyentes?Quien más y quien menos sabe qué es la lengua de signos. Otra cosa muy distinta es que se hayan parado a pensar en la enorme trascendencia que tiene para las personas sordas. Y es aquí donde reconocimientos como por la declaración del Día Internacional de las Lenguas de Signos Españolas cobran especial relevancia. Porque cuanto mayor sea el conocimiento de estas lenguas y de su valor para la comunidad sorda, con más facilidad se adoptarán actitudes de tolerancia y empatía.
El 14 de junio nos ha dado la oportunidad de difundir una imagen positiva de las lenguas de signos y ha servido para recordar a toda la sociedad su papel fundamental para la transmisión de ideas, la relación personal y social, y el intercambio de conocimiento. Y, sobre todo, se ha convertido en un motivo más para recordar la necesidad de sumar esfuerzos para que todos, sin exclusión, podamos ejercer nuestros derechos como ciudadanos.
¿Qué le diría a la ciudadanía para que entienda sus reivindicaciones?Que las lenguas de signos españolas son fundamentales para el desarrollo de nuestros proyectos vitales. Son un vehículo de comunicación que constituye uno de los principales signos de identidad y de capital simbólico de su comunidad lingüística usuaria. Mediante el reconocimiento de los derechos lingüísticos de las personas sordas a aprender, conocer y usar la lengua de signos española, también se reconoce su valor para garantizar la accesibilidad a la información y a la comunicación de los diferentes bienes, recursos y servicios.
Ahora queda conseguir que se equiparen los derechos lingüísticos de la población sorda a los de los usuarios de cualquier otra lengua. Y esto pasa por asegurar el acceso a las lenguas de signos en condiciones de calidad en todos los ámbitos de nuestras vidas: en las escuelas, en la sanidad, los servicios sociales, la educación, la formación, el empleo, la justicia, la cultura, la ciencia y la tecnología, etc. Porque una de las maneras de normalizar el uso de una lengua es garantizando su presencia allí donde la necesiten.
En este sentido, confiamos en que el Reglamento que desarrolla la Ley 27/2007 contribuya a una mayor concienciación sobre la realidad de las personas sordas y allane el camino para ese cambio social que tanto necesitamos. En lo que a la CNSE respecta, continuaremos exigiendo la puesta en marcha de medidas contundentes que avalen nuestros derechos lingüísticos de manera que podamos utilizar las lenguas de signos en las mismas condiciones y contextos en los que el resto de la ciudadanía utiliza otras lenguas.