El Congreso aprueba los objetivos de déficit del Gobierno, que evita un primer revés a los Presupuestos
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde este miércoles a los objetivos de estabilidad presupuestaria del Gobierno para las diferentes administraciones públicas. Un paso previo imprescindible para poder tramitar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024, todavía en proceso de elaboración por parte del Ejecutivo. Los límites de déficit deberán pasar ahora el filtro del Senado, donde la mayoría absoluta del PP amenaza con bloquearlos.
Los objetivos de estabilidad —que limitan el déficit máximo con el que el Estado, las comunidades, los ayuntamientos pueden cerrar sus presupuestos— han salido adelante en una caótica sesión en la que se ha tenido que votar en dos ocasiones. En una primera ronda, se ha producido un empate a 171 sufragios que se ha resuelto en una segunda votación en la que se han contabilizado 179 ‘síes’ y 171 ‘noes’. PSOE (121 votos a favor), Sumar (26), ERC (7), Junts (7), EH Bildu (6), PNV (5), Podemos (5), BNG (1) y Coalición Canaria (1) han apoyado la senda de déficit, mientras que PP (137), Vox (33) y UPN (1) la han rechazado.
El debate sobre los objetivos de estabilidad arrancaba alrededor de la una de la tarde con la intervención de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se encargó de comunicar a los diputados los límites de déficit y el techo de gasto, aunque este último no es objeto de votación. Estas referencias —que Montero ya presentó en diciembre en el Consejo de Política Fiscal y Financiera— limitan el déficit máximo del Estado al 2,7% del PIB, el de las comunidades autónomas al 0,1%, el de los ayuntamientos al 0% y el de la Seguridad Social al 0,2%. El techo de gasto se sitúa en 189.215 millones de euros descontando los fondos europeos, un 9,3% más que el aprobado para 2023. Esa alza del en el techo de gasto deja al Gobierno un margen para aumentar el gasto del Estado en 16.150 millones de euros.
En su intervención, Montero defendió su compromiso con la disciplina fiscal y reiteró la promesa del Gobierno de reducir el déficit al 3% del PIB en 2024. «Este Gobierno ha demostrado que se puede proteger a la gente y atender a los criterios de consolidación fiscal que marca Bruselas», resumió. La ministra de Hacienda se congratuló de haber reducido el déficit público a la mitad en tres años, aunque esta previsto que el desequilibrio cierre 2023 en un 3,9% del PIB, todavía claramente por encima de los límites europeos.
La vicepresidenta defendió los objetivos de déficit propuestos por el Ejecutivo y advirtió de nuevo al PP de las consecuencias negativas que tendría un bloqueo de esta iniciativa en el Senado, donde los populares cuentan con una mayoría absoluta. Las formaciones que se posicionen en contra de esta senda, dijo Montero, tendrán que que explicar «por qué someten a las comunidades autónomas y a las entidades locales a una mayor asfixia económica que la que propone el Gobierno».
Montero dice esto porque, según su interpretación de la Ley de Estabilidad —avalada por un informe de la Abogacía del Estado que no es público— si el PP tumba los objetivos de estabilidad en el Senado se aplicarían automáticamente otros más exigentes con comunidades y ayuntamientos. Una interpretación que no comparten todos los juristas. Además, la vicepresidenta ha reprochado al PP que se posicione en contra de estos objetivos cuando gobiernos autonómicos como el de Andalucía han elaborado sus presupuestos con las referencias aprobadas por el Gobierno.
El PP acusa al Gobierno de «asfixiar a los españoles»
En el turno de intervención del PP, el diputado José Vicente Marí Bosó, acusó al Gobierno de estar a merced de los verificadores internacionales y le reprochó que la viabilidad de sus iniciativas depende de unos socios parlamentarios que no buscan el interés general de los españoles. Respecto a los objetivos de estabilidad, Bosó señaló que «pretenden perpetuar el estancamiento» económico y acusó al Ejecutivo de presentar un techo de gasto que no cuadra con los límites establecidos por la UE. «No han hecho política económica para la mayoría social, han asfixiado y empobrecido a los españoles», concluyó.
Los independentistas catalanes centraron sus críticas en los límites de déficit que el Gobierno ha fijado para las comunidades autónomas y ayuntamientos, que consideran injustos. Desde ERC, que votó a favor, acusaron al Estado de «deslealtad» y de «acaparar recursos del sistema en detrimento de las autonomías». Por su parte, Junts sostuvo que el reparto de los objetivos de déficit «va en contra de Cataluña» y que la reducción del déficit que el Gobierno ha comprometido con Bruselas se carga a la espalda de comunidades y ayuntamientos.
En el flanco nacionalista vasco, EH Bildu anunció también su apoyo a los objetivos de estabilidad para poder negociar los presupuestos. Aunque se sumaron a las críticas por el escaso límite que se deja a las comunidades. Por su parte, el PNV votó a favor, aunque reclamó al Gobierno sendas más flexibles de déficit que no ahoguen a comunidades y ayuntamientos.
Desde Sumar, el diputado Carlos Martín reclamó una reforma fiscal para lograr un sistema tributario más justo y progresivo y mejor financiación para las comunidades autónomas perjudicadas por el sistema de reparto actual. Podemos -ahora en el Grupo Mixto- también dio su ‘sí’, pero condicionó su apoyo a unos futuros presupuestos solo si son expansivos y evitan recortes.
